
El problema
Cada vez que una persona denuncia un vertedero clandestino, una extracción ilegal de áridos, la tala de un bosque nativo o cualquier otro delito ambiental, está protegiendo el lugar donde vivimos todos.
Sin embargo, en Chile quienes se atreven a denunciar son cada vez más víctimas de amenazas, agresiones físicas, hostigamientos y campañas de difamación.
Entre 2024 y 2025 las agresiones contra defensores ambientales aumentaron un 148% y la violencia física se mantiene entre las formas de agresión más frecuentes contra quienes denuncian.

La solución
Si denunciar significa exponerse a represalias, cada vez menos personas se atreverán a hacerlo. Y cuando el miedo reemplaza a la denuncia, quienes destruyen el medio ambiente actúan con mayor impunidad.
Por eso exigimos una ley que proteja a quienes protegen nuestro país: vecinos, vecinas y comunidades que denuncian delitos ambientales.
Gracias al apoyo de miles de personas, en 2025 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley en esta dirección (Bol. N°16.886-12). Hoy está en el Senado y necesitamos que avance.
Porque proteger a quienes denuncian también es proteger el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano.
